Ariza fue capturado al final por un equipo del servicio de Inteligencia de la FAP que lo venía siguiendo desde hacía seis semanas. Fue detenido justo cuando intentaba captar a un compañero suyo.
El militar –quien, según RPP, habría admitido su falta– prestó servicios en la Agregaduría Militar de la Embajada del Perú en Santiago, en el año 2003, y no se descarta que desde esa fecha se haya dedicado a vender información secreta. Por ese trabajo habría estado cobrando entre US$5,000 y US$8,000 mensuales a través de una agencia de envío de remesas.
De acuerdo con el artículo 140 de la Constitución, la pena de muerte solo puede aplicarse por el delito de traición a la patria en el marco de una guerra externa, pero, como este no es el caso, el militar podría ser procesado por el delito de espionaje que, según el artículo 331 del Código Penal, está sancionado con una pena de cárcel no menor de 15 años ni mayor de 35.
En 1979, el suboficial FAP (r) Julio Vargas Garayar fue fusilado por vender información a Chile. En 1989, el SIE ejecutó al suboficial EP Marco Barrantes Torres por espiar para Ecuador.
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